En 2024, con la llegada de Gabriel Boric y su gobierno de izquierda en Chile, los absurdos promovidos por la ideología de género y las corrientes progresistas han alcanzado niveles impensables. Estas ideologías buscan imponer una ingeniería social que frecuentemente desafía la lógica y la realidad, sorprendiendo con propuestas difíciles de concebir.

Chile, un país que en algún momento fue conocido por el “milagro chileno” debido a su economía en constante crecimiento, ahora parece sumido en una espiral de políticas progresistas que distorsionan las bases de lo que solía ser.

  • El socialismo, con su habilidad para crear utopías imaginarias, ha vendido sus ideas a una población desprevenida. Así como en Argentina, donde el socialismo logró debilitar el pensamiento crítico, en Chile se empieza a ver un fenómeno similar. La “inclusión” ha sido el caballo de Troya de esta ideología, que en su afán por transformar la sociedad, deja de lado cuestiones fundamentales.

Con la excusa de promover la interseccionalidad, el feminismo y la Agenda 2030, el gobierno chileno está impulsando el veganismo y otras medidas que rayan en lo absurdo. Una de estas propuestas busca disminuir el consumo de peces bajo la premisa de que son “seres sintientes” con emociones y conciencia. En esta lógica, los peces no solo tienen personalidades, sino que incluso son capaces de jugar al fútbol, según algunos activistas. Esta retórica ha llegado hasta la comisión de pesca de la Cámara de Diputados, donde Ignacia Uribe, una ferviente defensora de estas ideas, presentó un discurso en el que afirmaba que los peces merecen respeto y reconocimiento como seres dignos. A pesar de lo que pudiera parecer un chiste, este es el nivel de las discusiones que actualmente dominan el ámbito político en Chile.

El ridículo progresista

Uribe afirmó en su intervención que los peces son seres individuales con pensamientos, recuerdos y habilidades sorprendentes. Según ella, algunos peces incluso han aprendido a jugar al fútbol y utilizar herramientas. Estas declaraciones, por más increíbles que parezcan, forman parte de la discusión para una nueva ley de pesca que busca proteger a los peces como seres conscientes. Jorge Brito, un diputado oficialista, también ha apoyado esta iniciativa, argumentando que los animales acuáticos deben ser tratados con respeto y consideración moral.

Brito, en sus propuestas, ha definido a los peces como “seres sintientes,” capaces de tener experiencias y reaccionar de manera consciente a los estímulos externos. Su idea es que los peces deben ser protegidos de la misma manera que los humanos, basando su argumento en un concepto de dignidad animal que ya se había propuesto en la primera constitución rechazada en 2022. En esa ocasión, el texto constitucional también reconocía a los animales como sujetos de derechos, lo que para muchos fue una exageración que mezclaba conceptos y términos sin mucha claridad. Al mismo tiempo, ese mismo texto constitucional promovía el aborto sin restricciones, lo que generaba una evidente contradicción: mientras que los animales eran considerados seres sintientes, los fetos humanos no recibían la misma consideración.

Todo esto forma parte de una corriente ideológica conocida como antiespecismo. El antiespecismo, una variante más de la agenda progresista, sostiene que los derechos de los animales son iguales, o incluso superiores, a los de los humanos. Esta ideología ignora las características únicas del ser humano, como la capacidad de razonamiento, la voluntad y la libertad, que históricamente han definido la dignidad humana. En cambio, busca equiparar a los humanos con otras especies, promoviendo la idea de que no existe una jerarquía ontológica entre los seres vivos.

El antiespecismo también está estrechamente relacionado con la agenda woke, que utiliza la interseccionalidad para dividir la sociedad en opresores y oprimidos. Esto explica la aparición de feministas antiespecistas que, por ejemplo, en las manifestaciones del 8 de marzo, defendían a las vacas en contra de su explotación o afirmaban que los gallos violan a las gallinas. Estas posiciones, que podrían parecer anecdóticas o cómicas, en realidad están siendo tomadas en serio por ciertos sectores de la sociedad y, lo que es más preocupante, por algunos legisladores.

 En este contexto, los animales y otras causas como el feminismo y los derechos LGBT se agrupan como luchas contra el sistema capitalista.

Estos movimientos no se quedan en meras discusiones teóricas o en redes sociales; están influyendo en la legislación de varios países de la región. Un ejemplo claro es Colombia, donde en mayo de 2022 la Corte Constitucional prohibió la pesca deportiva argumentando que, aunque no hay consenso sobre si los peces son sintientes, por precaución, el Estado debe intervenir y prohibir esta actividad. Esta decisión afectó gravemente a muchas familias que dependen de la pesca en departamentos como Cundinamarca, Antioquia y Cauca. Al mismo tiempo, en febrero de ese año, la misma Corte despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación, permitiendo a las mujeres abortar, hasta el sexto mes sin necesidad de una justificación legal.

Estas decisiones, aparentemente contradictorias, muestran el nivel de influencia que tienen estos movimientos en las altas esferas del poder. Mientras que se protege a los peces bajo el pretexto de evitar su sufrimiento, se permite el aborto hasta una etapa avanzada del embarazo, ignorando el dolor que pueden sentir los fetos, algo que la ciencia ha comprobado desde hace tiempo. Esta doble vara de medir deja en evidencia las inconsistencias del progresismo en su afán por promover causas que, en muchos casos, no parecen tener una base sólida en la realidad.

Detrás de estas iniciativas, encontramos organizaciones como la International Planned Parenthood Federation (IPPF) y la Open Society Foundations de George Soros, que financian movimientos feministas y abortistas en toda América Latina. En Colombia, la filial de IPPF, Profamilia, ha recibido millones de dólares para impulsar la legalización del aborto. Estas mismas organizaciones celebraron el fallo de la Corte Constitucional colombiana como un logro propio, demostrando que no se trata solo de decisiones locales, sino de una agenda global impulsada por poderosas instituciones.

Así es como, en nombre de la “inclusión” y la “justicia social,” se están introduciendo conceptos cada vez más alejados de la realidad en nuestras leyes y en la vida diaria de las personas. La contradicción entre proteger a los animales y permitir la destrucción de la vida humana refleja el estado actual del pensamiento progresista, que parece más preocupado por las apariencias que por la coherencia o la verdad.

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